Por Almagrande
En Quintana Roo, hablar de vivienda es hablar de un sueño que con demasiada frecuencia termina en pesadilla. La compra de una casa o un terreno, que debería ser sinónimo de tranquilidad y estabilidad para las familias, se ha convertido en un terreno minado por fraudes inmobiliarios, dobles ventas y litigios interminables. No son casos aislados, son historias que se repiten y que minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por ello, la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para reformar el Código Civil y hacer obligatoria la inscripción de los contratos de promesa en el Registro Público de la Propiedad parece no solo oportuna, sino urgente. De aprobarse, cerraría un vacío legal que durante años ha permitido que quienes actúan de mala fe se aprovechen de la buena voluntad y la necesidad de las personas.
El planteamiento es claro, un contrato de promesa firmado ante notario público no basta si no se asienta en los registros oficiales. Mientras ese paso no sea obligatorio, siempre habrá espacio para la incertidumbre y el abuso. Blindar jurídicamente el patrimonio de las familias no es un favor, es una obligación del Estado.
Sin embargo, también es necesario reconocer los límites de esta iniciativa. Una reforma legal no resolverá por sí sola el problema si no viene acompañada de mecanismos eficaces de aplicación, supervisión y sanción. La corrupción en oficinas registrales, la lentitud burocrática y la falta de acceso a información clara son obstáculos que deberán enfrentarse con la misma determinación con la que se impulsa este cambio normativo.
Quintana Roo es un estado en expansión, donde la migración y el turismo presionan la demanda de tierra y vivienda. Este crecimiento, lejos de ser un problema, debería ser una oportunidad. Pero mientras los vacíos legales sigan siendo aprovechados por especuladores y se continúe dejando en la indefensión a quienes invierten sus ahorros de toda una vida, la herida seguirá abierta.
La sociedad exige certezas. El Congreso tiene hoy la posibilidad de convertir la letra de la ley en un escudo para miles de familias. La verdadera prueba estará en que la iniciativa no quede archivada, en que se legisle pensando en la gente y en que se construyan instituciones capaces de garantizar que el patrimonio de los quintanarroenses no sea nunca más moneda de cambio en un mercado de abusos. ¡Hasta la próxima!