Libre Opinión//Pepe León
Chetumal, Quintana Roo a 8 de septiembre de 2026.- A más de 15 días de un accidente de tránsito ocurrido en este municipio, una familia de escasos recursos pide la intervención de las autoridades estatales ante lo que considera un caso de presunta falta de atención, abandono y lentitud en la investigación, luego de que uno de los involucrados sea un funcionario municipal.
Alfonso Ek Fuentes, habitante de Bacalar, hizo un llamado público a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, para que se dé seguimiento al caso y se garantice que la investigación se lleve a cabo sin privilegios ni distinciones.
De acuerdo con el denunciante, el accidente ocurrió el pasado 22 de agosto de 2026, en la colonia Colosio, sobre la calle 21 con avenida 40, en Bacalar. Como consecuencia del percance, su esposa, Ileana Jáuregui Sánchez, de 32 años, habría sufrido diversas fracturas y un golpe en la cabeza.
La situación, según relata Ek Fuentes, se ha complicado debido a la falta de recursos económicos para cubrir la atención médica que requiere su esposa, cuyo estado de salud -afirma- ha empeorado ante la ausencia de atención adecuada.
El señalamiento alcanza al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Bacalar, Javier Padilla Balam, a quien la familia identifica como el presunto responsable del accidente. Según el testimonio de Ek Fuentes, inicialmente el funcionario habría ofrecido apoyo a la familia, pero posteriormente dejó de responder las llamadas y habría dejado de brindarles asistencia.
El caso ya habría sido presentado ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; sin embargo, el afectado asegura que la carpeta permanece sin avances visibles, mientras que el funcionario señalado continúa realizando sus actividades con normalidad en Bacalar.
Ante esta situación, Alfonso Ek Fuentes cuestiona que una familia de escasos recursos tenga que enfrentar prácticamente sola las consecuencias de un accidente mientras el presunto responsable, por su condición de funcionario público, aparentemente no estaría enfrentando las mismas dificultades.
La exigencia es concreta: que la Fiscalía esclarezca los hechos, determine responsabilidades y, en caso de acreditarse alguna conducta ilícita, se actúe conforme a derecho, sin importar el cargo público de la persona involucrada.
También solicita la intervención de las autoridades de salud para que su esposa pueda recibir atención médica oportuna, pues asegura que la falta de recursos económicos ha convertido el accidente en una emergencia que se agrava día con día.
El llamado a la Gobernadora Mara Lezama y al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar busca evitar que el caso termine archivado o quede en el olvido. Para la familia, la justicia no debería depender de la posición económica de la víctima ni del cargo que ocupe la persona señalada.
Ahora corresponde a las autoridades investigar los hechos, verificar las versiones de las partes, determinar responsabilidades y garantizar que la víctima reciba la atención que legal y humanamente le corresponde.