Por: Pepe León
En México, las playas son patrimonio común, así lo consagra el artículo 27 constitucional, reforzado por la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) en su artículo 8, que establece que son bienes de uso común.
Pero el artículo 23 va más allá: “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre adyacente no podrá ser inhibido ni obstaculizado”.
Este derecho ha sido ratificado en tribunales. En 2018, la Suprema Corte resolvió un amparo contra un hotel en Nayarit, reafirmando que ningún particular puede restringir el acceso a una playa. En 2020, una reforma aprobada por el Congreso tipificó sanciones de hasta un millón de pesos para quienes impidan el acceso.
El marco legal es claro, las playas son públicas, libres y de uso permanente.
A pesar de este contexto, el alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, difundió con entusiasmo una propuesta legislativa elaborada junto a su padrino político, el diputado federal Ricardo Monreal.
En sus redes sociales, el mismo Castañón escribió lo siguiente:
“Al aprobarse, (la iniciativa) cada persona tendrá derecho a un día de acceso libre y gratuito que podrá ser en fin de semana o días festivos en las playas y áreas naturales. Esto significa más oportunidades para convivir, disfrutar y recordar que el mar y la naturaleza son de todas y todos”.
El error es evidente, lo que ya es un derecho pleno y permanente, la dupla Castañón-Monreal lo reduce a una concesión limitada y calendarizada.
El trasfondo es todavía más grave. En Tulum, menos del 20% de las playas tienen accesos libres habilitados. El resto está controlado por hoteles, clubes privados y desarrollos inmobiliarios que convierten la franja costera en un negocio exclusivo.
Ante esta privatización de facto, la iniciativa no corrige el problema, lo institucionaliza. Si se aprobara, los concesionarios tendrían luz verde para seguir bloqueando accesos seis días de la semana, bajo el argumento de que la ciudadanía ya cuenta con su “día gratuito”.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza que “las playas son de todas y todos los mexicanos, no son privadas ni se privatizarán”, el mensaje que envía Tulum es exactamente el contrario.
Diego Castañón se equivoca doblemente. Primero, porque desconoce —o finge desconocer— que las playas ya son públicas por mandato constitucional. Segundo, porque pretende vender como avance un retroceso que legitima a quienes llevan años apropiándose del litoral de Tulum. Su error político no es solo de forma, sino de fondo porque confunde un derecho con una dádiva.
Ricardo Monreal, por su parte, juega con cálculo. Presentar una iniciativa de este tipo en el Congreso le da visibilidad mediática y le permite capitalizar un tema sensible en la agenda pública como es el acceso a las playas. Pero en lugar de defender la ley vigente, intenta manipularla para proyectarse como el garante de un derecho que ya existe. En otras palabras, busca vender humo legislativo.
Lo preocupante es que, en esta ecuación, el ciudadano queda reducido a receptor pasivo de concesiones políticas, cuando en realidad es el titular legítimo de un derecho constitucional.
Lo que se presentó como una “grandiosa iniciativa” es, en realidad, una estrategia política fallida. Una cortina de humo que intenta disfrazar como logro lo que es, en esencia, un retroceso, transformar un derecho nacional en una concesión temporal.
El error de Diego Castañón es la muestra más clara de cómo algunos alcaldes, en su afán de agradar a sus padrinos políticos, terminan traicionando el interés colectivo. Y el movimiento de Monreal evidencia un cálculo electoral más que un compromiso real con la ciudadanía.
Las playas son de todas y todos. Ni Diego ni Monreal tienen derecho a condicionarlas. Y si lo intentan, lo único que lograrán es exhibirse ante el país como lo que son: políticos dispuestos a negociar lo público como si fuera propiedad privada.¡Hasta la próxima! Nos leemos pronto…